México tiene una de la más altas cifras de
trabajadores ocupados sin prestaciones en todo el mundo, con más de 26 millones
468 mil personas que no ejercen ninguno de los derechos establecidos en la Ley
Federal del Trabajo, señala la investigación número 67 de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El análisis, en el que participaron nueve
investigadores dirigidos por el analista y catedrático, Javier Alejandro Lozano
Tovar, indica que la publicitada "paz laboral" es una falacia, porque
no significa que los trabajadores mexicanos estén contentos o satisfechos con
su situación, sino que se ven obligados a no ejercer la legítima defensa de sus
derechos por conducto de la huelga o la movilización, porque la escasez de
empleos los obliga a soportar todas las violaciones laborales.
Así, el bajo número de huelgas estalladas
durante este gobierno no se ha debido a la inexistencia de violaciones a los
contratos colectivos de trabajo, sino al temor que tienen los asalariados de
perder el empleo.
El documento indica que por la vía de los
hechos prácticamente están en extinción las prestaciones laborales en el país,
y señala que en este régimen 11 millones de trabajadores se desplazaron hacia
la economía informal.
Sólo 15.6 millones tienen prestaciones
La investigación, en la que también
participaron María Luisa Gazpar, Fructuoso Matías, David Angel Lozano, Beatriz
Aguirre, Héctor Maya y Luis Lozano Arredondo, plantea que "de los 105
millones 300 mil mexicanos que somos, sólo 43 millones 398 mil personas tienen
empleo y de ellos sólo 15 millones 613 mil tienen prestaciones laborales, los
demás tienen un empleo informal o se encuentran sin trabajo, es decir, más de
50% de la población que tiene posibilidades de trabajar".
El análisis va más allá, al sostener que de
los 15 millones 613 mil trabajadores que gozan de prestaciones, 10 millones 767
mil son permanentes.
Esta presión laboral ha generado que en el
mercado los trabajadores se vean obligados a firmar contratos en blanco -cuando
existen-; a soportar condiciones como firmar por anticipado renuncias
voluntarias; a la contratación sin capacitación; al control vertical y
represivo de los sindicatos por direcciones espurias o charras, que no
representan los intereses de los trabajadores.
Indica la información que la creciente
inestabilidad política que han generado los gobiernos de los partidos
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, enmarcados en una globalización
cada vez más salvaje, "han llevado al límite la difícil situación laboral
en el país".
La reducción, desaparición e incumplimiento
de los derechos laborales, el proceso de despojo de las instituciones de salud
pública, las nuevas tendencias de contratación con violaciones a los derechos
laborales es, en los hechos, la aplicación de la reforma Abascal.
Desgraciadamente -añade el estudio- "la
salida ridícula de este gobierno de impulsar los changarros es hoy el sustento
de muchos trabajadores que no cuentan con empleo formal o lo perdieron, y que a
falta de oportunidades se autoemplean.
En el problema del empleo, las fallas
"de fondo" se suman las fallas "de forma", porque la
información oficial que existe sobre este tema presenta cifras profundamente
cuestionables, "alegres", contradictorias, poco claras, y sin lógica
y técnica adecuada y opuestas a la realidad nacional y a las metodologías
internacionales, como las utilizadas por los demás miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Concluye la información que actualmente hay 400% más trabajadores ocupados sin prestaciones que durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
Fuente: La Jornada, lunes 26 de septiembre
