La Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados aprobó la derogación del paquete de reformas a la Ley
del Impuesto Sobre la Renta que entrarían en vigor el 1 de enero del 2006 para
gravar las prestaciones salariales, y fijó que la tasa máxima del ISR para
personas físicas disminuirá a 29% el próximo año, y a 28% para el 2007.
Gustavo Enrique
Madero Muñoz (PAN), presidente de la Comisión, explicó que al “echar abajo” la
enmienda aprobada por los propios diputados y de manera unánime en noviembre del
2004 “se perdió la oportunidad de avanzar en la simplificación” en el cálculo
del impuesto.
“En la Ley del ISR
lo que queda es el status quo. Por lo cual todas las personas van a seguir
contribuyendo en los mismos términos, salvo con una variación: la tasa máxima
va a bajar a 29% para el 2006, y al 28% para el 2007. Se pierde también el
avance de la simplificación y sigue habiendo tablas de 16 cajones lo que es muy
complicado, pero así se decidió”, explicó el chihuahuense.
De ahí que,
amplió, se derogarán las reformas que se hicieron al ISR para personas físicas
para que tuvieran la opción de deducir de manera automática 76,000 pesos. “Esto
es lo que malamente se interpretó como que se iban a gravar las prestaciones.
“Malamente, porque nunca se tocó el artículo 109 de la Ley del ISR que es el
que determina qué prestaciones se gravan y cuáles están exentas y hasta qué
montos. De tal manera que, a partir de esta decisión de las comisiones de
Hacienda y del Trabajo, se deroga la entrada en vigor para el 2006 de estos
cambios que tenían algunas ventajas y desventajas”.
Detalló luego que
entre las ventajas de las enmiendas destacaba la simplificación administrativa,
ya que en vez de tener tres tablas con 16 rangos cada una, se tendría una sola
tabla con tres rangos.
“También había una
reducción importante de la tasa y un mejor pago del ISR para el 80% de los
trabajadores, aunque había un pequeño cajón para que aquellas personas que
ganaran arriba de 20,000 pesos y hasta 40,000 pesos pagaran un pequeño impuesto
adicional, pero el impuesto máximo que pagarían esas personas andaba en el
orden de entre el 20 y el 21% del ISR en general”.
Madero Muñoz dijo que la prueba fiel de que la intención no era perjudicar a los trabajadores consiste en que de haber entrado en vigor la reforma el gobierno habría dejado de recibir 17,000 millones de pesos durante el 2006.
Fuente: El Economista, jueves 29 de septiembre
