Un peritaje presentado como prueba señala que
debió determinarse la cantidad de 203.47 pesos por jornada de trabajo.
En los próximos días el juez segundo de
Distrito en Materia de Trabajo deberá determinar si el salario mínimo fijado en
46.80 diarios para 2005 es inconstitucional, luego de que un grupo de abogados
laborales presentaran un amparo contra la resolución de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (Conasami) y un perito fijara el salario mínimo en 203.47
pesos diarios.
El amparo contra el decreto que impuso la
Conasami fijando la cantidad de 46.80 diarios como salario mínimo general fue
admitido el pasado 7 de febrero de 2005 por el juez segundo de Distrito en
Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al que se le asignó el número de
expediente 193/2005.
Este caso, cuyo seguimiento ha estado a cargo
de Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboral, miembro de la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos, profesor de Derecho Laboral en la UAM Azcapotzalco,
sería el primero en llegar hasta esta etapa en la que un juez deberá decidir al
respecto, pues en las historia laboral del país, muchos juicios similares han
sido desechados por la autoridad por falta de legitimidad o pruebas.
Últimas pruebas
En este caso, señaló Fuentes Muñiz, la última
prueba que faltaba por deshogar, que era la pericial en materia de economía, y
que fue ofrecida por el propio Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo
en el DF, dio la razón al peritaje emitido por lo trabajadores quejosos Juan
Alfredo Yedra Padilla y Rosa Estela López López.
Ahí, se señalaba que el salario que “debió
determinarse por concepto de salario mínimo ascendería a la cantidad de 203.47
por jornada ordinaria de trabajo, para que fuera suficiente para satisfacer las
necesidades de un jefe de familia, material, social y cultural, y para proveer
a la educación obligatoria de los hijos”.
Explicó que en el desarrollo del juicio, el
maestro en Economía Humberto Jiménez Ojendiz, egresado de la Universidad
Autónoma Metropolitana en la carrera de Economía y con maestría en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, emitió un dictamen en representación de
los trabajadores apoyándose en documentos del gobierno mexicano y de los
principales organismos multilaterales a los que México pertenece.
Entre ellos se encuentran el Banco Mundial,
la Organización de las Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo así como de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo.
Elección de metodología
En el Dictamen que presentó al juez segundo
de Distrito, Jiménez Ojendiz “consideró el trabajo de los principales
científicos e instituciones académicas del país quienes, convocados por el
Ejecutivo Federal, consensuaron una metodología dada las condiciones de información
disponible en la materia para medir las necesidades normales de un jefe
familia, en el orden material, social y cultural, para proveer la educación
obligatoria de los hijos”.
El 21 de noviembre de 2005, Laura Aguirre
Martínez, quien es perito auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y
local, y que fue designada por el Juez, presentó su dictamen coincidiendo con
el peritaje del Maestro en Economía Humberto Jíménez Ojendiz, señalando que el
salario mínimo general durante el año de 2005 debería ser de 203.47 y no de
46.80 diarios que fijó la Conasami.
El pasado 2 de diciembre de 2005 se celebró la audiencia constitucional y se está a la espera de que en breve, el juez segundo de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal dicte su sentencia al respecto.
Fuente: Milenio Diario, lunes 26 de diciembre
