Envuelta en
el remolino desatado por la intromisión del gobierno federal en la vida interna
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM), Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor empresa
acerera y metalúrgica del país, señala: ''Es evidente que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene las manos metidas hasta el codo en una
estrategia de objetivos y alcances muy turbios''.
Apunta: ''La
STPS generó un problema que afecta a todas las regiones del país en las que hay
actividad minera y metalúrgica relacionada con el sindicato''.
Señala:
''Para nosotros, el ingeniero (Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del
ramo) está evidentemente descalificado como mediador por sus motivaciones, por
la gestoría del conflicto y toda su actuación a lo largo de éste''.
De Pasta de
Conchos a Sicartsa
AHMSA, en la
cual laboran 17 mil trabajadores en 12 municipios de Coahuila, dio respuesta a
un cuestionario elaborado por La Jornada, para definir la posición de la
empresa en el conflicto que ocasionó la intervención de cuerpos policiacos
(federales y estatales) en el complejo siderúrgico del Grupo Villacero, en el puerto
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual ocasionó la muerte de dos trabajadores
tras un frustrado intento de desalojo de esas instalaciones el pasado 20 de
abril.
Sin embargo,
el detonador de una secuencia de hechos cada vez de mayor gravedad, en una
actividad de la que depende 75 por ciento de las ramas industriales que operan
en el país, al parecer tuvo su origen el pasado 19 de febrero, en la explosión
que sepultó a 65 trabajadores en las profundidades de la mina Pasta de Conchos,
propiedad de Minera México, a su vez subsidiaria del Grupo México, en cuyo
consejo de administración participan empresarios y ex funcionarios relevantes
de gobiernos anteriores.
Las causas
de la explosión aún se desconocen y por lo mismo también el deslinde de
responsabilidades. El 28 de febrero, la Secretaría del Trabajo otorgó a Elías
Morales Hernández una ''toma de nota'' con la cual lo reconocía como secretario
general del sindicato minero y, en consecuencia, desconocía a Napoleón Gómez
Urrutia como dirigente del gremio. Desde entonces hay frecuentes disputas entre
trabajadores en los centros mineros y metalúrgicos del país.
Así, el
mismo sindicato contó con dos dirigencias opuestas. Casi en paralelo, la
Procuraduría General de la República inició averiguaciones por presuntos
delitos fiscales en contra de Gómez Urrutia, a petición de la Secretaría de
Hacienda, mientras el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar,
confirmaba que para esta dependencia gubernamental el dirigente del sindicato
minero era Elías Morales Hernández.
A este
respecto, AHMSA deslindó: ''No defendemos a Napoleón Gómez Urrutia, como
tampoco nos sumamos a su linchamiento mediático. Hemos señalado que si cometió
delitos debe ser juzgado y condenado por los tribunales competentes y no por el
secretario del Trabajo ni por el vocero presidencial. Eso no es estado de
derecho. Por el contrario, ha sido tónica de este sexenio matar a la gente a
periodicazos. Han pasado dos meses desde que destaparon el caso y aún no hay
una acusación formal a Gómez Urrutia ante los tribunales, ni una orden de
aprehensión en su contra''.
En su
respuesta a La Jornada, la directiva de Altos Hornos de México rememoró que
''hace dos años, nuestros propios directivos y consejeros fueron objeto de una
feroz campaña similar de desprestigio y persecución, que cobijó intereses
económicos externos al gobierno, y sólo la actuación correcta del Poder
Judicial puso las cosas en su lugar, aunque el daño moral de la difamación y la
persecución ahí quedó''.
Sobre el
dirigente reconocido por las autoridades y la actuación de la Secretaría del
Trabajo, AHMSA afirma: ''Es evidente que la STPS tiene las manos metidas hasta
el codo en una estrategia de objetivos y alcances muy turbios. Basta señalar
que el origen del problema lo generó esa dependencia al otorgar una toma de
nota fast track a un sujeto que ni siquiera es obrero sindicalizado en
ejercicio. Y nos preguntamos quién ha financiado todos sus movimientos, grupos
de asesores legales y publicitarios, publicaciones en medios y el sostenimiento
y desplazamiento de un importante número de activistas a su servicio, la mayor
parte de los cuales han sido enviados precisamente a Coahuila y a nuestro
entorno''.
Agrega:
''Nos consta que Elías Morales y su grupo han utilizado las instalaciones, el
personal y los medios de la Secretaría del Trabajo en diversas acciones con el
pretendido objeto de romper nuestra neutralidad y generarnos un mayor involucramiento
en el conflicto''.
Hasta ahora,
en tan sólo 60 días, tres de las cinco grandes empresas integradas que
controlan la producción de minerales metálicos ferrosos y carbón coquizable en
México, han sido involucradas en forma directa e indirecta en el conflicto
suscitado por la intromisión de la STPS en la vida interna del sindicato
minero. Ellas son el Grupo México, a través de Minera México; Grupo Villacero,
de la familia Villarreal, y Altos Hornos de México.
Lejos de
resolverse, el conflicto no cesa. Elementos del Ejército Mexicano y de Marina
resguardan instalaciones estratégicas dentro del complejo Sicartsa, en el
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En Monclova,
Coahuila, sede de AHMSA, se han suscitado enfrentamientos entre trabajadores
agrupados en las secciones 147 y 288 del sindicato. Los paros y las huelgas
empiezan a proliferar.
La directiva
de Altos Hornos precisa: ''Para nosotros es claro que hay muchas cosas extrañas
tras estos movimientos del gobierno federal ante el sindicato minero, y que nos
están involucrando en problemas que nos afectan gravemente, como el paro del
mes de febrero pasado y el hecho de que en nuestras principales secciones
sindicales haya en este momento dobles dirigencias, con el riesgo creciente de
enfrentamientos''.
Son los
trabajadores quienes deben elegir a sus dirigentes
Considera
que ''los propios trabajadores son quienes, conforme a sus estatutos, deben
elegir a sus dirigentes''. Argumenta que ''desde 1991 (cuando AHMSA fue
privatizado al Grupo Acerero del Norte) se ha trabajado sin problemas con
distintos dirigentes sindicales de todos los signos, con la característica
común de que han sido electos en procesos normales''.
Se define:
''Nuestra posición es que, para conservar una sana relación laboral, ni las
empresas ni las autoridades deben inmiscuirse en las decisiones gremiales de
los obreros''.
En sus
respuestas a La Jornada, más adelante apunta: ''Para nosotros, el ingeniero
Salazar está evidentemente descalificado como mediador por sus motivaciones, por
la gestoría del conflicto y toda su actuación a lo largo de éste''.
AHMSA
reitera su llamado a que ''la Suprema Corte ponga orden jurídico en todo este
asunto atrayendo todas las demandas y contrademandas, para que nos indique con
la fuerza de la justicia quiénes son legalmente los dirigentes a quienes
debemos reconocer como tales, lo que nos permitiría volver poco a poco a la
legalidad''.
Fuente: Jornada, miércoles 26 de abril
