En tanto, el
gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el procurador general de la República,
Daniel Cabeza de Vaca, confirmaron que ya se tienen giradas órdenes de
aprehensión y de presentación en contra del depuesto líder minero, quien se encuentra
en Canadá.
En este
contexto, a la Secretaría del Trabajo le quedan dos días para dar respuesta a
la toma de nota que solicitó el Sindicato Minero hace tres semanas, con lo que
se buscaba desactivar los paros escalonados anunciados por la organización
sindical y dar salida al conflicto minero que lleva más de tres meses y podría
complicarse con una huelga nacional en la industria para el 28 de junio.
Alrededor de
1,500 trabajadores iniciaron la suspensión de labores de la mina de Cananea,
con el argumento de que la protesta forma parte de la conmemoración. Sin
embargo, para la empresa perteneciente a Grupo México, este es "tan sólo
un pretexto de los empleados para apoyar al ex líder sindical Napoleón Gómez
Urrutia".
Francisco
Hernández, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la organización, argumentó
que la huelga "es un acuerdo por el incumplimiento de la empresa de no
haber dado la oportunidad de que los trabajadores estuvieran presentes en la conmemoración
del centenario". Ese paro se suma al que se efectúa en la siderúrgica
Sicartsa y en La Caridad. Por ello, la Cámara Minera Mexicana (Camimex) llamó a
las autoridades federales y estatales para que apliquen la ley y puedan
reanudar operaciones. En un desplegado, afirma que "ve con preocupación
que no se ha adoptado medida alguna contra los paros ilegales, como lo prueba
el actual en Cananea", que han afectado a todas las cadenas productivas
del país.
Envían
exhorto a la PGR
La
Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un exhorto del Gobierno
de Sonora para que le ayude a aprehender al ex líder minero, pues el juez
tercero de lo penal, Manuel Octavio Palafox Acuña, expidió la orden de arresto
para que sea ejecutada por la Procuraduría de Justicia del Estado, por el
delito de fraude agravado, en su modalidad de administración fraudulenta, previsto
en el artículo 319 del Código Penal del Estado.
Al respecto,
el gobernador de Sonora expuso que esta decisión judicial no debe afectar el
problema minero que existe en el estado y en otros lugares del país, donde
integrantes del sindicato realizan huelgas en demanda de mejoras laborales.
El
procurador Daniel Cabeza de Vaca, contrario a lo expresado en días pasados, admitió
que hay más de 200 denuncias en distintos estados del país contra el ex líder
minero, principalmente por una administración inadecuada y fraudulenta del
fideicomiso de 55 millones de dólares, así como por fraude, al disponer de recursos
que no eran de su propiedad.
En tanto,
Genaro García, director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dijo
que se solicitó a un juez de distrito el análisis de un expediente para que
otorgue una orden de presentación vía diplomática al gobierno de Canadá contra
el depuesto líder minero.
Mientras a
la espera de la resolución de la toma de nota se encuentra el Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato Minero, quienes aseguran endurecer sus acciones en caso
de que la STPS no resuelva sobre la XXXIV Convención Minera en la que se
ratifica al Comité Ejecutivo y a Napoleón Gómez Urrutia.
"Quien
nada debe ..."
Quien nada
debe nada teme, dijo el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar Valenzuela, al
llamar al depuesto líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, a entregarse a las
autoridades para esclarecer el caso del desvío de recursos del Fondo Minero. Reiteró
que el gobierno federal no tiene ninguna información sobre la supuesta petición
de asilo político que hizo Gómez Urrutia a Canadá. Dijo que "pues si no
debe, no teme ni debe nada, pues que regrese al país y enfrente la
justicia".
La ley no se
negocia: Abascal
Por otra
parte, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, aclaró que no hay
negociaciones para que Napoleón Gómez Urrutia sea restituido como líder del
sindicato de mineros, ni sobre su situación penal.
En
entrevista radiofónica, dijo que si la convención de ese gremio lo eligió legítimamente,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lo reconocerá, pero
sentenció que la ley no se negocia, por lo que las acciones penales por las que
tiene que responder Gómez Urrutia, sea o no líder , tiene que enfrentarlas en
el cauce penal.
"La Secretaría del Trabajo no negocia, no otorga, no regala. Sólo reconoce si un acto estuvo apegado a derecho, punto y aparte", afirmó.
Fuente: Economista, viernes 2 de junio