MEXICO Laboral

JLCA agilizará juicios contra outsourcing

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje agilizará la resolución de 254 juicios contra empresas outsourcing, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que éstas son responsables solidarios de los patrones en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

Al respecto, Ramón Montaño, presidente de la Junta, comentó que las outsourcing están demandadas, principalmente, porque no cumplieron con los derechos laborales, incluida su afiliación al IMSS.

“Hemos detectado engaños de estas empresas intermediarias para la contratación de personal, porque prometen diversos beneficios al trabajador y luego no les cumplen. El Seguro Social es de los incumplimientos más frecuentes; en algunos casos los dan de alta ante el IMSS, pero a los tres meses dan la baja y si el empleado no necesita ir al médico no se da cuenta hasta que lo despiden”, explicó.

Según las cifras del organismo laboral de la Ciudad de México, los 254 juicios en trámite corresponden a 62 empresas de outsourcing que tienen presencia en todo el país.

Indicó que a través de un grupo de abogados se podrá asesorar al trabajador que será contratado por una outsourcing para que no se registren abusos.

Asimismo, dijo que a raíz de diversos operativos que realizó recientemente la Procuraduría General de la República, la Junta Local dio aviso al gobierno federal de los casos de outsourcing que tienen en el DF para que sean monitoreados.

El miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió Las empresas intermediarias que contratan personal, mejor conocidas como outsourcing, fueron obligadas a responder de manera solidaria, junto con los patrones, en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de los empleados.

Fuente: Milenio Diario, viernes 29 de octubre

Corte falla en contra de firmas outsourcing

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las empresas de outsourcing son responsables solidarios de los patrones en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, cuando fungen como intermediarios en la contratación de los trabajadores.

Al negar el amparo solicitado por una empresa de telecomunicaciones, la Segunda Sala del máximo tribunal declaró la constitucionalidad del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, reformado el 9 de julio de 2009.

Dicho ordenamiento establece que en la contratación de trabajadores para un patrón, en la que participa un intermediario laboral (outsourcing), ambos son responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

La empresa que promovió el amparo argumentó que esa disposición de la Ley del IMSS viola los principios de igualdad, libertad de comercio, concurrencia y competencia consagrados en la Carta Magna, pues contiene un marco normativo acotado al universo de personas que necesitan contratar servicios para desarrollar sus actividades comerciales.

En su demanda de amparo, sostuvo que el artículo 15-A de la Ley del IMSS introduce una distinción por la que se otorga un trato jurídico diferenciado exclusivamente para los dos grupos que conforman ese universo, es decir, los que necesitan contratar servicios para desarrollar sus actividades comerciales y los que no requieren hacerlo.

Sin embargo, la Sala determinó que la norma impugnada no establece una distinción injustificada entre todos los grupos que constituyen el universo más amplio y heterogéneo de los comerciantes o prestadores de servicios.

Lo anterior, explicó, porque el precepto impugnado señala distintas consecuencias jurídicas para quienes requieren contratar servicios que cumplan con las obligaciones establecidas en la norma citada y los que no lo necesitan.

Por ello, resolvió la Sala, el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social no viola el principio de igualdad, al no existir en él un trato desigual.

Estableció que el precepto combatido tampoco vulnera las garantías de igualdad y libertad de comercio previstas en los artículos primero y quinto constitucionales, pues hay razones que justifican el tratamiento distinto a personas que no se encuentran en situaciones de igualdad, aun cuando desempeñen las mismas actividades.

Entre estas, citó la Sala del máximo tribunal, el hecho de que quienes no requieren de la contratación de prestación de servicios con un intermediario, cumplen en forma directa con sus obligaciones patronales.

La Segunda Sala también determinó que el artículo impugnado no transgrede la garantía de libertad de concurrencia y competencia establecida en el artículo 28 de la Carta Magna, al no establecer una restricción que impida a quienes que ejercen actividades comerciales dedicarse a ellas.

Se trata de una norma que regula las condiciones que deberán reunir quienes pretendan realizar este tipo de actividades, a través de contratos de prestación de servicios, ya sea como intermediarios o como patrones, resolvió la Corte.

Fuente: Universal, jueves 28 de octubre

Se rezaga empleo 'mejor' pagado

A pesar de que en septiembre de 2010 se superó el nivel de empleos que había antes de la crisis, las plazas en mejores condiciones salariales continúan rezagadas respecto a los meses previos a la caída de la economía.

En el estrato de sueldos superiores a 5 mil 171 pesos al mes (más de 3 salarios mínimos), durante septiembre hubo 449 mil 905 cotizantes menos de los que había en octubre de 2008, indicaron estadísticas del IMSS.

En tanto, los cotizantes que ganan entre mil 724 y 3 mil 448 pesos mensuales (entre 1 y 2 salarios mínimos) incrementaron 433 mil sus plazas laborales en el mismo periodo.

En el grupo de mejores salarios, los más afectados fueron los que tuvieron ingresos entre 5 mil 171 y 10 mil 343 pesos al mes (entre 3 y 6 salarios mínimos), pues en ese lapso el rezago de empleo se colocó en 437 mil 739 puestos.

Por otro lado, los que perciben entre 12 mil 67 y 15 mil 514 pesos mensuales (entre 7 y 9 salarios mínimos), registraron una creación de apenas 10 mil 396 empleos.

No obstante, los puestos para los que ganan por arriba de 17 mil 238 hasta 43 mil 95 pesos al mes (entre 10 y 25 salarios mínimos), se contrajeron en 22 mil 562.

Para Guillermina Rodríguez, especialista de Banamex, lo que sigue predominando es el empleo para los segmentos de menores ingresos, que obedece a puestos en el sector de servicios y comercio, donde las remuneraciones son de las más bajas.

"Para el caso de aquellos de mejores ingresos, que se colocan en la industria manufacturera y servicios especializados, ha venido creándose empleo, pero apenas en lo que va del año y a paso lento", dijo.

Indicó que un factor que puede afectar aún más a estos segmentos es la desaceleración de EU que tendrá un efecto sobre la industria manufacturera.

Por su parte, Rosario Ortiz Magallón, asesora en la Cámara de Diputados, indicó que esto es un claro señalamiento de la precariedad en la que se han creado los trabajos.

"Los que consiguen empleo en los menores niveles salariales tienen las condiciones sólo de sobrevivencia, mientras que los de mayores salarios ni siquiera se han recuperado", dijo.

Cirila Quintero, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, enfatizó que es necesaria una revisión exhaustiva de las condiciones laborales en las que están laborando miles de trabajadores en nuestro País.

"Ya no debe privilegiarse una agenda económica que excluye el mejoramiento social, sin evaluar los costos que estas decisiones implican para el País", dijo.

Fuente: Reforma, miércoles 27 de octubre

Tiene límites primer empleo

El programa de fomento al primer empleo, aprobado por los diputados, deja en desventaja a quienes perdieron su trabajo durante la crisis y podría generar desconfianza si se convierte en un instrumento de fiscalización, señalan especialistas.

Además, advierten que sólo conviene a las empresas que contraten un número considerable de asalariados.

La iniciativa de fomento al empleo, presentada por el PRI, fue aprobada por los diputados como el título VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y espera el visto bueno de la Cámara de Senadores.

Las empresas que quieran entrar deberán demostrar que están creando un nuevo puesto, contratar a personas que nunca hayan cotizado en el Seguro Social y no tener ningún crédito en firme (adeudo) con Hacienda y con el IMSS.

A cambio de eso, podrán deducir durante 36 meses una parte del sueldo del nuevo trabajador, el cual no deberá ganar más de 8 salarios mínimos, esto es 446 pesos en promedio diarios, aunque esto puede variar según la zona geográfica.

El costo aproximado para el Gobierno federal de estos estímulos fiscales será de 7 mil 630 millones de pesos en 2011.

En general es una medida positiva porque el empresariado requiere incentivos fiscales, pero tiene limitantes evidentes, expresaron fiscalistas.

"Deja en desventaja a las personas que perdieron su empleo durante la crisis, porque sólo se podrá deducir el sueldo de trabajadores que no han cotizado de forma eventual y permanente en el IMSS", opinó Jesús Alvarado, socio de práctica fiscal de Baker & McKenzie.

También estimó que el programa dará beneficios fiscales en la medida que se contrate un número considerable de nuevos puestos, porque con uno o dos, la ganancia es muy limitada.

Rosario Lombera, socia de práctica laboral de Baker & McKenzie, agregó que si una empresa, por descuido o por un requerimiento equivocado o tardío del SAT, no sabe que tiene una omisión, podría enterarse hasta que intente entrar al programa.

Lo ideal, señaló, sería que las empresas pudieran pedir una constancia de no adeudos con el SAT y con el IMSS antes de solicitar el beneficio fiscal.

En ese sentido, Alvarado agregó que se debe cuidar en el reglamento que se elaborará para operar el programa, no incluir elementos fiscalizadores como ya pasó en el programa de primer empleo de 2007.

Aseveró que un incentivo fiscal contribuye poco a reducir el desempleo y la informalidad si no se acompaña de cambios en la Ley Federal del Trabajo y en otros campos del quehacer público. 
 
Así funcionará
 
El beneficio sólo aplicará a puestos de nueva creación ocupados por personas que nunca han cotizado en el IMSS. Falta la publicación de un reglamento, pero la ley señala que la deducción se calcula así: 

• Salario base de cotización por el número de días laborados al mes o al año, según se busque deducción en pagos provisionales o anuales.

• A la cantidad anterior se le aplica la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley del ISR (actualmente 28%).

• Se restan los dos montos señalados anteriormente y el resultado se divide entre la tasa del ISR vigente.

• Para el primer año, la deducción corresponde a 40% de ese total y para el segundo y tercer año se reduce a 25%.

Serán nuevos puestos 

• Las empresas que busquen el beneficio, tendrán que dar aviso al SAT y presentar el tamaño de su nómina hasta antes de la entrada en vigor de esta medida.

• Sólo se dará el beneficio fiscal para el sueldo de trabajadores que no hayan cotizado de forma eventual y permanente en el IMSS.

• Si un trabajador es despedido de un puesto de nueva creación, la empresa no perderá el beneficio fiscal, siempre y cuando el despido sea justificado.

Fuente: Reforma, martes 26 de octubre

Va el PRI por cirugía mayor a ley laboral

Con modificaciones a 100 artículos de la Ley Federal del Trabajo y sin considerar un solo cambio al 123 constitucional, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados tiene lista su contrapropuesta de reforma laboral, que entre otros aspectos prevé reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, eliminar la toma de nota para el registro de sindicatos y regular el esquema de contratación outsourcing, con sanciones penales a quienes evadan el pago de las prestaciones laborales.

De acuerdo con el proyecto redactado por legisladores del sector obrero del Revolucionario Institucional, los derechos a la huelga y a la contratación colectiva de trabajo se mantendrán sin restricciones.

Establece además que los aumentos salariales estarán siempre por encima de la inflación registrada el año inmediato anterior.

El borrador de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo considera mecanismos para garantizar una justicia laboral expedita, mediante el fortalecimiento de la conciliación.

La propuesta de los diputados federales del PRI introduce como principio rector de las relaciones laborales el concepto de “trabajo decente”, entendido éste como el que comprende una remuneración adecuada, prestaciones justas, normas no discriminatorias, formación profesional continua, fortalecimiento sindical y negociación colectiva, entre otras características.

Al advertir que hasta un millón 144 mil mexicanos se encuentran desempleados por alguna forma de discriminación, el proyecto priista prohíbe esas prácticas por motivo de origen étnico, sexo, edad, capacidades diferentes, doctrina política, condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra razón.

Proscribe la exigencia de la prueba de “no embarazo” como condición para contratar mujeres.

La iniciativa de 47 páginas incluye el concepto de productividad y precisa mecanismos de acuerdo entre patrones y trabajadores en esa materia, para evitar la sobreexplotación de los obreros o la limitación de sus derechos.

Por lo que hace a la reducción de la jornada laboral, el documento detalla que “es razonable pensar que si esta reforma tiene como uno de sus propósitos elevar el número de empleos disponibles en la economía nacional, el establecimiento de una jornada semanal de 40 horas, pero con pago de 48 horas, permitirá a un gran número de desempleados acceder al empleo remunerado y a la capacitación laboral”.

En materia de registro sindical y toma de nota, “se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y la vida de los sindicatos”.

De igual forma se plantea la necesidad de regular el esquema de contratación outsourcing, sin que ello implique prohibirlo, pues esa alternativa puede ser útil para la generación de empleo, siempre y cuando las empresas que contraten personal, a través de un intermediario, verifiquen que se trate de una persona moral legalmente constituida y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Los legisladores del Revolucionario Institucional proponen así el establecimiento de “sanciones severas, incluso penales”, para aquellas empresas que evadan los derechos de los trabajadores.

La iniciativa sujeta aún a observaciones de los diputados priistas es producto de los foros de consulta propuestos por el coordinador de la fracción, Francisco Rojas, y organizados por los legisladores del sector obrero en diversas ciudades del país.

Fuente: Milenio Diario, lunes 25 de octubre