Fijar en 5,000 veces el salario mínimo vigente por cada evento que incumplan los patrones en materia de seguridad y derechos de los trabajadores permitió que las empresas tomaran en serio las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual ha incorporado —en un nuevo reglamento— más posibilidades para que demuestren, corrijan y cumplan con tener centros de trabajo seguros.
El subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante, aseguró que la dependencia, lejos de flexibilizar las inspecciones, será más contundente y “no habrá pretexto de los patrones para decir que no se les dio el tiempo suficiente para dar cumplimiento a cada una de las normas que tienen que ver con seguridad en el trabajo y con el cumplimiento de los derechos de los trabajadores”.
Incluso comentó que están en puerta más sanciones ejemplares, tal y como sucedió con la multa sin precedentes que se fijó el pasado mes de mayo a la empresa minera Industrial Minera México de Grupo México, por un monto de 13 millones 445,308 pesos, indicó el funcionario federal, a la vez que adelantó que dichas multas se aplicarán a las empresas en las que ocurrieron accidentes fatales en este año.
Cabe destacar que antes de que se aprobara la reforma laboral en diciembre del 2012, las sanciones establecidas para los incumplimientos eran de 315 veces el salario mínimo vigente.
Prioridades de inspección
Avante explicó que los programas de inspección estarán definidos en función de los acuerdos que se tomen de manera tripartita, es decir, con patrones, trabajadores y autoridad, misma que se revisará cada año, para incorporar aquellos centros de trabajo que por índole de su actividad sean más vulnerables o indispensable revisar, como el incumplimiento de otorgar seguridad social.
Datos de la dependencia revelan que parte de las inspecciones especiales, en donde se atienden temas como aguinaldo, salario mínimo e igualdad salarial, formalización del empleo, en éste último caso se han realizado entre el 2013 y el 2014 un total de 48,562 supervisiones, en donde se encontró que un total de 5,466 trabajadores no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir se encontraban en la informalidad.
Dado que las tiendas de autoservicio se han convertido en uno de los lugares con alto riesgo de accidentes en el trabajo, se montó el Operativo ANTAD, el cual ya será permanente, y de las 523 inspecciones realizadas en lo que va del año se han emitido 5,813 medidas, y cuyos hallazgos encontró la dependencia, es que había 106 menores de edad trabajando y se encontraron 2,145 violaciones. En el 2013 se practicaron 38 inspecciones.
Avante dejó en claro que la razón de ser de las inspecciones no es convertirse en una autoridad “sancionadora”, sino ser preventiva para tener centros de trabajo que brindan seguridad a los trabajadores, pero también respeto por sus derechos.
Pide IP evitar política persecutoria
Los patrones del país se dijeron “satisfechos” con el nuevo reglamento general de inspección del trabajo y aplicación de sanciones que emitió la Secretaría del Trabajo, pero advirtieron: la aplicación de una política punitiva o persecutoria orillará al cierre de empresas o bien a la informalidad.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que desde hace tres años se participó activamente en la elaboración de este reglamento con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde si bien se alcanzaron acuerdos para permitir cumplir a la empresa, se debe tener precaución en la aplicación de algunos rubros, como las inspecciones en días inhábiles.
Llamó a no caer en las verificaciones corruptas que conlleven a una política persecutoria y que atenten contra la permanencia de las pequeñas y medianas empresas, que de por sí se han visto afectadas por el incremento de inspecciones de personal del IMSS, Infonavit y el SAT.
“La realidad económica nos ha llevado a un cierre mayor, sobre todo pymes, en donde unas desaparecen y otras migran hacia la informalidad. La situación económica, la implicación de la fiscal y la laboral, así como distintas instancias del gobierno, han llevado a no poder con la carga administrativa ni con el incumplimiento de las obligaciones ni multas”, refirió.
El reglamento busca que las inspecciones sean más orientadoras que punitivas. Los centros de trabajo de menos de 15 trabajadores recibirán inspecciones de asesoría sin imposición de multas.
Fuente: Economista, viernes 27 de junio